Niegan Amparo Y Protección De La Justicia A La Empresa NL Technologies, Por Incumplimiento De Contrato En Concesión De Servicios De Alumbrado Público De Poza Rica

• NL Technologies lastre financiero y «foco rojo» para municipios veracruzanos, sufre revés y el Poder Judicial de la Federación le da palo, en su requerimiento de Amparo contra “Requisa del servicio de suministro de energía y alumbrado público de Poza Rica”.
______________Como se ha estado documentando en varios medios, las Asociaciones Publico-Privadas de Ayuntamientos con NL Technologies, han sido instrumentos que más que beneficiar a las finanzas municipales de las administraciones que promovieron estos esquemas para que con el ahorro energético y financiero, se pudiera renovar el equipamiento, dar viabilidad y sustentabilidad al servicio de alumbrado público municipal que dan a sus colonias y comunidades; han servido más para crear un aparato de corrupción entre Carlos Manuel Knight Crespo, de NL Technologies, con exmunícipes que se prestaron durante las administraciones pasadas, y funcionarios del gobierno estatal particularmente de la SEFIPLAN y la complacencia del congreso veracruzano.
Como se sabe, hasta este momento, se tienen registradas y aprobadas por el congreso poco más de 20 esquemas de Asociación Pública-Privadas para llevar a cabo proyectos de suministro de energía e instalación de alumbrado público eficiente en municipios del estado, ya que firmaron acuerdos de este tipo con NL Technologies, los municipios de:
• Castillo de Teayo, Medellín, Citlaltépetl, Cerro Azul, Ixhuacan de los Reyes, Chontla, Ozuluama, Tuxpan, Chiconquiaco, Poza Rica, y Espinal.
Otros municipios que también tienen esquemas parecidos son:
• Atzacan, Banderilla, Carlos A carrillo, Cosamaloapan, Fortín, Gutiérrez Zamora, Perote y Tihuatlán, Perote, Veracruz y Martínez de la Torre.

Estos acuerdos de Asociaciones Público Privadas se consumaron durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, y se aprobaron en la LXIV Legislatura, con mayoría panista lidereada por el Diputado Sergio Hernández, como presidente de la JUCOPO y el Diputado Rodrigo García Escalante, al frente de la Comisión de hacienda municipal, (que por cierto hizo tan mal el planteamiento original que hasta una fe de erratas se tuvo que emitir), autorizando a los Ayuntamientos a contratar los servicios de modernización del «parque de alumbrado público» con tecnología LED por medio del modelo de Asociación Público-Privada (APP), en términos muy ventajosos para NL Technologies que han provocado daños a la hacienda pública, como se ha demostrado en las finanzas públicas de los actuales ayuntamientos, pero sobre todo en el incumplimiento de pago de NL Technologies con CFE que ha dado como resultado en un mal servicio en el servicio de alumbrado público que esta empresa regiomontana ha dado a la sociedad y colonias de los ayuntamientos contratantes.

En este sentido Tuxpan y Cerro Azul, han requerido la anulación de la concesión y revocación del contrato con NL Technologies y hace poco tiempo el Ayuntamiento de Poza Rica, aprobó en cabildo, con pleno favor de los votos de los ediles, la ‘requisa’ y devolver la responsabilidad del servicio a la propia administración municipal.
Como medio de impugnación y reparación a esta acción legal, la empresa NL Technologies recurrió al Poder Judicial de la Federación a través de la demanda del “Juicio de Amparo 330/2021 V-B” para la protección de la Justicia Federal con núm. de expediente 24640/2021 contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica, como autoridad responsable, en el mismo sentido, contra actos del H. Congreso del Estado de Veracruz con expediente 24641/2021 y contra actos del Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez con expediente 24642/2021
En esta dinámica, y por determinar conceptualmente el Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica el requerimiento del cumplimiento de las obligaciones y compromisos técnicos, operativos y financieros de la empresa NL Technologies y que en su oportunidad se apruebe y dictamine lo que corresponda de un posible finiquito, además de lo ineficaz que resultaron los conceptos y argumentos expuestos en el amparo de posible violación y sin que se advierta queja deficiente que suplir, el juzgado décimo tercero de distrito en el Estado de Veracruz, del poder judicial de la Federación, determino:
No Amparar, Ni Proteger a NL Technologies representada Carlos Manuel Knight Crespo, representante legal de esta empresa.

De acuerdo con el último reporte de Financiamientos y Obligaciones Inscritos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, seis municipios de Veracruz contrataron créditos bajo el esquema de APP con NL:

  1. Ixhuacán de los Reyes, contratado el 3 de abril de 2017 por 9 millones 358 mil 792 pesos, pactado a 5 mil 478 días, y con vencimiento en 2032.
  2. Chiconquiaco, contratado el 14 de agosto de 2017, por 6 millones 24 mil 845 pesos, a un plazo de 5 mil 478 días con vencimiento en 2032.
  3. Chontla, contratado el 3 de abril de 2017, a 5 mil 478 días por un monto de 12 millones 495 mil 851 pesos y con vencimiento en 2032.
  4. Ozuluama de Mascareñas, contratado el 3 de abril de 2017, por 16.7 millones de pesos, a 5 mil 478 días, y con término el día 2 de abril de 2032.
  5. Tuxpan de Rodríguez Cano, con un pasivo de 64 millones 886 mil 200 pesos, contratado el 1 de agosto de 2017, a 3 mil 652 días, y con término en 2027.
  6. Medellín, contratado el 19 de septiembre de 2017, por 47 millones 135 mil 373 pesos, con un plazo de 3 mil 652 días y a finalizar en septiembre de 2027.
    La duración de la Asociación Público-Privada con Poza Rica, duraría 15 años, y de manera general los costos de inversión se proyectaron en 126 millones 811 mil 400 pesos, el Ayuntamiento se comprometió a pagar una cantidad mensual a la empresa NL Technologies con descuento vía participaciones federales aportado por la Secretaría de Finanzas y Planeación al municipio.
    Sustentado en el punto XV de las consideraciones del contrato, donde se establece que «quedan en garantía las participaciones y aportaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al municipio, esto con la finalidad de garantizar y dar certeza a la empresa financiera del proyecto».
    El actual presidente municipal de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo, postulado por Morena, admitió que el contrato con la empresa resulta desventajoso para la administración.
    No todos los ayuntamientos sujetos a NL Technologies expresaron inconformidad, de hecho, en Tuxpan, donde gobierna Juan Antonio Aguilar Mancha, persiste una postura a favor.
    La alerta se encendió para el diputado local y actualmente presidente municipal de Tuxpan José Manuel Pozos Castro, quien advirtió que sometería a análisis de la Legislatura el contrato del ayuntamiento tuxpeño.
    «Se está investigando el presupuesto que pidieron para eso, el recurso y lo que realmente se ejecutó en obra, porque realmente no está ejecutada la obra, pero ya se está investigando», aseguró el legislador.
    Y es que en caso de que se compruebe el incumplimiento de la empresa, se presumiría un presunto desvío de recursos públicos.
    • «Vamos a actuar y se está haciendo una revisión completa para ver cómo vamos a actuar», garantizó Pozos Castro.
    Ahora bien, celebramos que a pocos meses que concluyan las administraciones actuales, se haya dado este fallo en contra de la empresa NL Technologies, ya que algunos alcaldes se han estado quejando que desde la SEFIPLAN, con venia del titular de la SEFIPLAN José Luis Lima Franco, funcionarios de mandos superiores, filtran información financiera, autorizan y liberan recursos a NL Technologies, duplicando y desviando pagos, ya que algunas tesorerías municipales, se han visto obligadas a pagar a CFE, para dar cumplimiento al servicio de alumbrado público y no dejar en penumbras a colonias, barrios y comunidades de estos municipios.
    Vaya pues, y que, en hora buena, en Poza Rica, con el liderazgo del presidente municipal Velázquez Vallejo, hayan encontrado la fórmula para echar abajo estas concesiones que en términos generales han perjudicado social y económicamente a gran parte de la población en tiempos de pandemia, ya que han visto reducido los recursos para obras y acciones en otros rubros de la infraestructura de desarrollo social, por cumplir con los cargos financieros que representan estas concesiones.

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